Hoy en los Estados Unidos, se estima que las necesidades jurídicas -de un 80% de personas que viven al o por debajo del nivel de pobreza estipulado federalmente -no son cubiertas. La Suprema Corte de Justicia ha identificado repetidamente que el derecho al acceso jurídico es constitucional, pero la falta de acceso legal económico ha roto esta promesa a las personas que viven en la pobreza. Mientras unos puedan obtener litigantes competentes para guiarlos a través de procedimientos legales complejos, otros sin esos recursos económicos lo tienen que hacer solos, sin apoyo. Hay un consenso de que esa fractura en el acceso a la justicia por cuestiones económicas es lo que amenaza la credibilidad de un sistema justo y lo que mina la confianza del público en la ley.
El 2021…
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Se ofrecieron dos sesiones informativas legales con la mira de ofrecer 50 más en los tres años siguientes.
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