Hoy en los Estados Unidos, se estima que las necesidades jurídicas -de un 80% de personas que viven al o por debajo del nivel de pobreza estipulado federalmente -no son cubiertas. La Suprema Corte de Justicia ha identificado repetidamente que el derecho al acceso jurídico es constitucional, pero la falta de acceso legal económico ha roto esta promesa a las personas que viven en la pobreza. Mientras unos puedan obtener litigantes competentes para guiarlos a través de procedimientos legales complejos, otros sin esos recursos económicos lo tienen que hacer solos, sin apoyo. Hay un consenso de que esa fractura en el acceso a la justicia por cuestiones económicas es lo que amenaza la credibilidad de un sistema justo y lo que mina la confianza del público en la ley.
El 2021…
Servimos a más de 200 clientes e impactamos a más de 700 familiares a través de las servicios que les proveemos.
Nuestros voluntarios contribuyen con 1600 horas de apoyo administrativo, legal y de ayuda a nuestros clientes.
Nuestro servicio legal pro bono a la comunidad representa un valor de más de 2 millones de dólares a nuestros clientes.
Se ofrecieron dos sesiones informativas legales con la mira de ofrecer 50 más en los tres años siguientes.
Y, comenzamos el año 2020 con más de 70 casos activos.